La investigación del Catastro permite recaudar en toda España 1.240 millones de inmuebles que no habían tributado.

«Hacienda somos todos», incluidos los drones y los satélites. El fisco ha comenzado a utilizar las nuevas tecnologías en su lucha contra el fraude fiscal y eso ha permitido recaudar más de 1.200 millones extra en toda España. Miles de ciudadanos han rehabilitado sus viviendas en todo el país y han ocultado esas reformas para evadir el pago de impuestos, situación que ha llevado a Hacienda a adoptar medidas para corregir esa situación. Desde 2014, en Asturias se ha regularizado 27.632 inmuebles.

La Dirección del Catastro ha remitido un informe a Hacienda en el que señala que han conseguido regularizar 1,69 millones de inmuebles en todo el país que no habían tributado tras investigar en más de 4.300 municipios. Para ello, ha utilizado métodos pioneros como el satélite y los drones, que han posibilitado que los resultados hayan superado los objetivos en un 24%. En Asturias se han investigado 285.865 inmuebles y se ha conseguido la regularización del 27.632. Es decir, el 9,67% respecto al total.

La inmensa mayoría no son inmuebles ocultos, sino ampliaciones, nuevas construcciones o piscinas que los propietarios no registraban con el propósito de ahorrarse el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Siete de cada diez irregularidades corresponden a casos de este tipo.

Resultados por comunidades

La práctica era habitual en todo el país y por ello la investigación ha sido a nivel nacional. Por comunidades, es en Andalucía donde más fraude se ha descubierto, con 373.224 inmuebles regularizados, seguidos de Galicia y de Castilla y León. Eso en cuanto a números absolutos, pero si la comparativa se realiza sobre el porcentaje total de inmuebles, Aragón es en la que más fraude se ha detectado, ya que equivale al 16,87%. Le siguen Galicia y Castilla- La Mancha. País Vasco y Navarra han quedado fuera de la investigación.

Tasa de 60 euros

El método utilizado por el Catastro es la utilización del satélite y drones, que toman fotografías de los inmubles y las envían a los ayuntamientos. Los consistorios envían una notificación al propietario en la que se le pide que corrija la situación mediante el pago de una tasa de 60 euros. El Gobierno puso en marcha esta iniciativa excepcional en 2013 para regularizar la situación catastral de este tipo de inmuebles.

Fuente. La Voz de Asturias