Todo aquello conectado a la Red es susceptible de ser hackeado y en eso las smart cities no son una excepción. En las ciudades inteligentes, un fallo o una manipulación intencionada en los servicios básicos puede ocasionar consecuencias económicas cuantiosas.

Esta semana cerraba sus puertas la Smart City Expo World Congress 2017 de Fira Barcelona, que en esta edición ha batido todos los récords. Durante tres días el evento ha reunido a 700 ciudades de los cinco continentes, 675 expositores y más de 400 ponentes; y Dubai ha resultado premiada como ciudad inteligente 2017 por diseñar un proyecto bajo el paraguas de la tecnología Blockchain. Pero, ¿hasta qué punto se puede considerar una Smart City segura para los ciudadanos?

Javier Huergo, responsable de ciberseguridad de la consultora de transformación Watch & Act, advierte de que todo aquello conectado a la red es vulnerable y, por tanto, susceptible de ser hackeado. “Hoy día hay bastantes servicios básicos que se están posicionando a través del Internet de las Cosas a otros sistemas más sofisticados que están conectados y que ayudan al buen funcionamiento de las ciudades como son la regulación del tráfico, la gestión de aeropuertos, de residuos, sanidad, construcción, suministros de agua, de electricidad, etcétera. Un fallo o una manipulación intencionada en cualquiera de estos sistemas puede provocar daños y consecuencias económicas muy cuantiosas”.

El elevado riesgo de hackeo y las complicadas secuelas que podría tener una manipulación en este tipo de servicios ha puesto en alerta a la UE hasta el punto de que “la seguridad de la información y su armonización a nivel europeo se han convertido en uno de los asuntos prioritarios en la agenda europea y más teniendo en cuenta que estamos bastante retrasados con respecto a Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a las smart cities”.

Por eso mismo España creó en el año 2014 un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes dotado de un presupuesto inicial de 152,9 millones de euros. “El objetivo de estos planes es contribuir al desarrollo económico maximizando el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad, transformar y modernizar la economía y la sociedad española mediante el uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y administraciones”,explica el responsable de ciberseguridad de WATCH & ACT, quien, además, asegura que toda la inversión en el área de nuevas tecnologías promovido desde cualquier organismo público “supone un entorno de seguridad armonizado a nivel europeo que garantiza los servicios y la confidencialidad de la información”.

El mejor ejemplo de eficiencia en seguridad de una Smart City es el proyecto de Dubai premiado en esta última edición de la Smart City Expo World Congress, pues “hasta la fecha no se conoce mayor entorno de seguridad cibernético que la tecnología Blockchain (cadena de bloques) para proteger y almacenar todos los procesos y la información que se genere en la ciudad. Esta compleja tecnología se desarrolló para conseguir una seguridad máxima en el uso de la primera moneda virtual, Bitcoin, y permite distribuir la información en distintos servidores enlazados haciendo prácticamente imposible conseguir, por parte de un tercero, la trazabilidad de esa información”, sentencia Javier Huergo.

Fuente: Computing España